Han saber ustedes que las únicas administraciones que pueden y deben construir viviendas son las administraciones locales y la administración autonómica. En nuestro caso el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, todas ellas gobernadas por el PP.
No obstante tanto en el PSOE como en el Gobierno socialista de España creímos necesario que la administración central facilitara a las administraciones locales y a las comunidades autónomas muchos más recursos de los que venía proporcionando en gobierno de Aznar para la construcción de Viviendas de Protección Oficial. De ahí la creación del Ministerio de Vivienda como herramienta de regulación, promoción y financiación de VPO en todos los territorios y localidades de España.
En Burgos, el Ministerio de Vivienda ha posibilitado la construcción de 347 VPO financiando un área de urbanización prioritaria en la antigua fábrica Flex. Además a través del Plan de Vivienda 2005-2008 y el posterior convenio con la Junta de Castilla y León, los ciudadanos castellanos y leoneses recibirán 268,32 millones de euros para acceder a una vivienda, lo que representa un incremento del 84 % respecto al plan anterior del gobierno popular.
La nueva ley del suelo, que actúa directamente contra la especulación, el programa de viviendas en alquiler para universitarios junto con las universidades (del cual la UBU parece no querer saber nada) o la cesión de terrenos del ministerio de defensa, como ha ocurrido en el acuartelamiento 2 de mayo y muchas otras actuaciones en Burgos del ministerio creado al efecto por Zapatero, demuestran que la política de vivienda en Burgos es una prioridad para el gobierno socialista. Llama la atención que el señor Aparicio haya prometido otras 3000 VPO en su segundo mandato como alcalde, las mismas que ya prometió cuando salió elegido por primera vez y de las que solo se han entregado 450.
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