El pasado 30 de enero, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nulo el acuerdo plenario por el que se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de Burgos de 2007. Esta sentencia sobre el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista nos vuelve a dar la razón por considerar contrarias a la ley las inversiones con cargo a los fondos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal del suelo, como ya lo hicieron las sentencias referentes a los presupuestos de 2004, 2005 y 2006.
Estas sentencias, ponen de manifiesto las irregularidades que el equipo de gobierno ha venido cometiendo en la elaboración de estos presupuestos. Por concretar en el último de los presupuestos anulados, la sentencia el Tribunal Superior de Justicia considera que de los 20 millones de euros procedentes del patrimonio municipal del suelo sólo la reinversión de 3,6 millones se hacía legalmente, mientras que los otros 16,4 se destinaban a otros fines distintos a los previstos por la ley.
El Partido Popular, al frente del Ayuntamiento de Burgos, está incurriendo en la ilegalidad cuando destina dinero procedente de la venta del patrimonio municipal del suelo a otros fines que nada tienen que ver con la compra de terrenos para la construcción de VPO ni a la ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, tal y como se interpreta de la sentencia, que aunque no tenga efectos prácticos, debiera tener sus consecuencias.
Mucho me temo que este tipo de sentencias puedan volver a producirse con los presupuestos siguientes a 2007 ya que por ejemplo, en los presupuestos de este año de los 6 millones que se van a gastar en proyectos, solo se financian conforme a la ley 0,5. Espero que Aparicio rectifique y deje de burlarse de los tribunales. No nos gustaría vernos obligados a recurrir un presupuesto con el que, dadas las circunstancias derivadas de la crisis, hemos querido arrimar el hombro.
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