Ayer por la tarde, al salir de una tertulia en
Ambos artículos de opinión redundaban en la necesidad de replantearse la configuración del “estado autonómico”. Como ya le he transmitido en no pocas ocasiones al señor Peña, creo que las Comunidades Autónomas han supuesto en muchos aspectos un eje integrador y vertebrador del estado. Es evidente que determinados territorios históricos, por su idiosincrasia política y social, han obtenido un reconocimiento efectivo de su singularidad que ha provocado satisfacer en menor o mayor medida muchas de sus reivindicaciones históricas.
Las tres vías planteadas para acceder a la autonomía provocaron la configuración de un estado plural y ciertamente singular. En este sentido, como socialista y como político, creo sinceramente que el estado, y en esto le tengo que dar parte de razón al señor Peña, a lo largo de los años en los que se definió el mapa autonómico, debiera haber concretado de forma determinante que tipo de competencias y privilegios podrían concederse a los nuevos poderes ejecutivos y legislativos de las CCAA.
Creo sinceramente a lo largo de los últimos 30 años se ha establecido un criterio incuestionable sobre la necesidad de transferir y negociar con las CCAA cuantas más competencias mejor. Desde mi punto de vista en todo este proceso debiera haber imperado un criterio aún mayor, que no es otro que garantizar la máxima igualdad y solidaridad entre los distintos territorios del estado, respetando las características de cada uno y siendo en consecuencia responsables con sus demandas y necesidades.
Puedo poner varios ejemplos que demuestran los perniciosos efectos que provoca una mala delimitación competencial entre las distintas administraciones y muchos más sobre competencias transferidas y mal negociadas. La actual necesidad de revisar el sistema de financiación autonómico obedece en parte a la necesidad de estudiar qué modelo tenemos, qué consecuencias positivas y negativas ha traído y hacia donde debemos caminar.
Garantizar el acceso a una educación pública de calidad en todos los territorios del estado, la protección de la sanidad pública en todas y cada una de las CCAA o la prestación de servicios sociales básicos para el conjunto de los españoles no debieran supeditarse a las prioridades de cada una de las Comunidades Autónomas sino al conjunto del estado.
En este sentido debo decir que, aún procurando desarrollar más si cabe el sistema autonómico, éste avance debiera ser consecuencia de una meditada reflexión sobre cómo garantizar de la mejor forma posible las mismas oportunidades y los mismos derechos para el conjunto de la ciudadanía española, al margen de dónde haya nacido uno o dónde desarrolle su proyecto de vida.
Quiero decirle al señor Peña que yo no comparto su sistemática oposición a las autonomías es más, creo firmemente que todas y cada una de las CCAA en mayor o menor medida han conseguido ampliar el marco de oportunidades para sus ciudadanos. Ejemplos como Andalucía o Extremadura ponen de manifiesto el buen hacer de sus respectivos gobiernos autonómicos al establecer y desarrollar políticas que han posibilitado más desarrollo y una mayor calidad de vida de sus ciudadanos.
Se puede seguir apostando por las Comunidades Autónomas señor Peña, el problema radica en no todos los gobiernos autonómicos priorizan de la misma manera qué tipo de políticas han de establecer para que, responsable y solidariamente, colaboren en la configuración de un estado autonómico plural pero igual en derechos y servicios fundamentales para todos los españoles. Sobre esta cuestión creo que le gobierno del estado tiene mucho que decir, ¿o no?, yo particularmente le animo a ello.
